El organismo tiene como propósito principal abrir un proceso de análisis, debate y propuestas sobre el futuro del sistema electoral mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo oficializó este lunes la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral mediante un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). El organismo, que dependerá directamente del Ejecutivo federal, tiene como propósito principal abrir un proceso de análisis, debate y propuestas sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con énfasis en fortalecer la democracia a través de la extensión de libertades políticas.

El decreto establece que la comisión será presidida por la titular del Ejecutivo federal, quien designó a Pablo Gómez Álvarez como presidente ejecutivo. Integrarán el grupo representantes de diversas dependencias gubernamentales, entre ellas: la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Antonio Peña Merino; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de Ernestina Godoy Ramos; la Oficina de la Presidencia de la República, liderada por Lázaro Cárdenas Batel; la Coordinación de Asesores de la Presidencia, bajo Jesús Ramírez Cuevas; y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, coordinada por Arturo Zaldívar. Además, se podrá invitar a representantes de otras instituciones, organismos autónomos, academia y sociedad civil, aunque estos participarán solo con voz, sin derecho a voto.

Entre los objetivos clave de la comisión destacan convocar a la ciudadanía para que se exprese sobre la reforma electoral conveniente para México, elaborar estudios y propuestas en la materia, y organizar grupos de trabajo para este fin. El documento enfatiza la necesidad de una deliberación nacional sobre aspectos como los métodos de votación, los órganos electorales, el régimen de partidos políticos y el respeto al voto libre como eje central de la democracia mexicana. Se subraya que, aunque otros sectores han experimentado reformas profundas, el sistema electoral ha permanecido en gran medida inalterado, por lo que se busca involucrar a la sociedad en general y no solo a élites.

La comisión es de carácter transitorio y operará hasta el 30 de septiembre de 2030, a menos que la presidenta decida disolverla antes. Deberá instalarse en un plazo de 10 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto y funcionará bajo principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez. Sus costos operativos se cubrirán con los presupuestos existentes de las dependencias involucradas, sin generar gastos adicionales.