La senadora Rocío Corona Nakamura propone prohibir llamadas automatizadas sin consentimiento.

“No más llamadas de cobranza a las seis de la mañana. No más voces grabadas que interrumpen el descanso de las familias. No más hostigamiento telefónico disfrazado de servicio”, expresó la senadora Rocío Corona Nakamura al presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La propuesta busca modificar el artículo 185 de dicha ley, con el objetivo de prohibir las llamadas robotizadas o automatizadas sin el consentimiento expreso del usuario, ya sea con fines de cobranza, publicidad o venta de productos financieros.

La legisladora integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, denunció el uso masivo de “call centers” que lanzan miles de llamadas diarias con mensajes automatizados que buscan presionar, convencer o manipular a los usuarios. “Están entrenados para envolver, para engatusar, para lograr su objetivo”, advirtió.

Recordó que estas llamadas se realizan en muchos casos a altas horas de la noche, afectando la privacidad de las personas y generando confusión, particularmente entre adultos mayores o trabajadores que no pueden detener su jornada para atender voces que no escuchan ni permiten diálogo.

Corona Nakamura aseguró que se trata de un problema que no puede seguir siendo visto como menor. “Esto es una de las formas más invasivas y abusivas contra la ciudadanía”, afirmó.

Subrayó que se trata de una intromisión directa en la vida privada de millones de personas que enfrentan diariamente entre 10 y 20 llamadas automatizadas, muchas veces dirigidas a nombres incorrectos o por deudas inexistentes.

La senadora señaló que esta práctica ya ha sido regulada en otros países como Estados Unidos, España y Chile, por lo que México no puede quedarse atrás.

La iniciativa reconoce como un derecho de los usuarios el rechazar llamadas masivas sin solicitud o autorización previa. “No queremos más llamadas robotizadas, queremos tranquilidad”, sentenció.
Dejó claro que no se trata de ir en contra de la innovación tecnológica ni del uso responsable de las telecomunicaciones, sino de poner límites al abuso y garantizar la dignidad de quienes usan un teléfono en su día a día.